La redacción de un Proyecto de Ordenación o Plan Técnico de Ordenación (PO/PTO) y su posterior aprobación por la Administración Forestal, actualmente la Consejería, no sólo es deseable en una Comunidad Autónoma como la nuestra en que el 74% de la superficie forestal es de propiedad privada, sino que aporta una serie de importantes beneficios para su propietario:

  • Se reduce la base imponible del Impuesto de Transmisiones por Herencia y Donación en un 75%.
  • Garantiza un mejor conocimiento del monte y sus posibilidades, y por ende de su conservación y aprovechamiento.
  • Establece, de acuerdo a criterios técnicos, las actuaciones más adecuadas para lograr los objetivos del propietario.
  • Su aprobación por parte de la Administración implica que la mayor parte de los trabajos ligados a las actuaciones recogidas en la Ordenación del monte no necesiten autorización previa por parte de la misma, estando sujetos únicamente a un sencillo régimen de notificación (véase artículo 63 de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía).
  • Facilita la aprobación por parte de la Administración de aquellas actuaciones que aun recogidas en el ámbito de la ordenación necesitan autorización de aquella.
  • Incluye la planificación preventiva contra incendios forestales, haciendo innecesaria la redacción de otro documento más.
  • Exención del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante el plazo de 15 años (véase art. 62.2 c del Real Decreto Legislativo 2/2004 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
  • Las fincas con ordenaciones aprobadas gozan de prioridad a la hora de obtener subvenciones públicas orientadas a la gestión forestal sostenible.
  • Simplifica y facilita, en su caso, la obtención de certificados en gestión forestal sostenible.

Evolución futura.

Frente a la no obligatoriedad para los montes privados de contar con proyectos o planes técnicos de ordenación de montes establecido en la legislación forestal andaluza, la más reciente legislación estatal en materia de montes, Ley 43/2003, de 21 de Noviembre, de Montes,  de carácter básico, establece en el artículo 33.2:

“Los montes públicos y privados deberán contar con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente. Estarán exentos de la obligación establecida en el párrafo anterior los montes de superficie inferior al mínimo que determinarán las comunidades autónomas de acuerdo con las características de su territorio forestal.”

Así, en aras de dar cumplimiento a la ley estatal en materia de montes, de acercar los principios de la ordenación forestal a los propietarios forestales y de conseguir una mayor simplificación administrativa, se prevé adaptar la actual legislación forestal andaluza a la legislación básica estatal, para diseñar un nuevo instrumento de planificación forestal, que recogiendo los principios fundamentales de la ordenación forestal, sea útil, simple y económico. Estando enfocado a todos aquellos montes que debido a su superficie, su tipo de aprovechamiento u otras características no requieran de herramientas más complejas como son los actuales Proyectos y Planes Técnicos de Ordenación de Montes recogidos en las IGOMCAA.

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